El pasado 6 de julio, el Consejo de Ministros aprobó un Real Decreto que establecía nuevos “techos” a las emisiones de óxidos de nitrógeno, dióxido de azufre, amoniaco, compuestos orgánicos volátiles y partículas finas PM 2,5 para 2020 y 2030. De esta forma, se incorpora la Directiva 2016/2284 de 2016 de la UE sobre emisiones atmosféricas antropogénicas a nuestro ordenamiento jurídico. Una nueva ley con la que se actualiza la regulación del Sistema Español de Inventario y Proyecciones de Emisiones de la Atmósfera (SEI), que hasta el momento quedaba regulado por un acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.
El objetivo de estas medidas es la reducción de las emisiones de estos contaminantes que perjudican gravemente la capa de ozono y ayudar a reforzar la protección del medio ambiente y de la salud humana, así como a amejorar la calidad del aire que respiramos, especialmente en las grandes ciudades, donde los efectos de las emisiones industriales y de los coches es realmente alarmante. No obstante, para que esta nueva normativa funcione, es importante que los sectores afectados integren la variante medioambiental en sus actividades, de modo que la inversión se vaya dirigiendo hacia tecnologías más limpias y eficientes.
La nueva legislación obliga al Estado a aprobar el Programa Nacional de Control de la Contaminación para fijar nuevas mediadas que puedan aplicarse a todos los sectores que correspondan, como la industria energética, la agricultura, el transporte por carretera, la calefacción doméstica, el trasnporte por vías navegables, el uso de máquinas móviles y la fabricación de disolventes.
En el programa se incluyen medidas que buscan promover un comportamiento sostenible por parte de dichos sectores con el objetivo de asegurar que los compromisos nacionales de reducción de emisiones se sumplen. Un programa que debe ser aprobado y presentado a la Comisión Europea como máximo en abril de 2019 y que será sometido a una revisión periódica.
Además, el Real Decreto aprobado a principios de julio establece también la creación de una red de seguimiento de la influencia de la contaminación de la atmósfera para poder tener un mejor conocimiento de sus efectos perjudiciales sobre los ecosistemas naturales y seminaturales. Una red que ya ha empezado a crearse y que está pensada para cubrir especialmente tres regiones de la Península Ibérica que deben ser especialmente protegidas: la mediterránea, la atlántica y la alpina. Tanto los emplazamientos de la sestaciones como los parámetros medidos tendrán que hacerse saber a la Agencia Europea de Medio Ambiente y a la Comisión Europea.