En la actualidad, cada vez es más habitual encontrarse con más noticias sobre el fraude eléctrico. La crisis y las dificultades por las que muchas familias y empresas españolas están pasando hace que el aumento de las facturas de la luz lleve cada vez más a cometer estafas relacionadas con el consumo de la energía eléctrica.
Un tipo de prácticas que están tipificadas dentro del código penal como falta o delito, en función del importe defraudado, englobando cualquier acto dirigido a eludir la legalidad en el ámbito de la electricidad. Pueden ser actuaciones que incidan sobre la red del distribuidor, como enganches directo o derivaciones, o actuaciones sobre los equipos de medida y control, como manipulación del contador para alterar el registro de los consumos o manipulación de los relojes o discriminadores, del ICP, los precintos, los empalmes, etc.
No obstante, no se considera fraude eléctrico pero sí anomalía cuando no se permita la entrada a los equipos de medida y control autorizados por la empresa distribuidora, haya problemas en los equipos de medida por errores de conexión que no afecten a la capacidad de lectura o haya errores de medida por problemas en la configuración, instalación o programación de los equipos de control y contadores.
En cualquier caso, ambas situaciones conllevan una refacturación al alza de la factura de la luz, sin importar cuál sea la intencionalidad del consumidor. Además, la empresa distribuidora puede interrumpir el suministro de manera inmediata, estimando un consumo correspondiente al producto de la potencia contratada o que se hubiese debido contratar por valor de 6 horas diarias de uso durante un año.
Así pues, para un consumidor doméstico medio con una potencia contratada de 5,75 kW y un consumo al año de 3.500 kWh, en un caso de fraude, se calcularía un total de 12.592 KWh, con una diferencia adicional de 9.092,5 kWh, a un precio medio de12,5 cént. €/kWh en una tarifa de acceso 2.0 A, elevaría la multa a unos 1.500 euros, además del riesgo de quedarse sin suministro eléctrico, por lo que debería tramitar el alta con una nueva empresa comercializadora y es posible que también deba pagar los derechos regulados asociados y un nuevo boletín de instalación eléctrica.