El diario económico y de mercado Expansión anunciaba, el pasado día 15 de septiembre, la pretensión del Gobierno español de recortar las ayudas a las eléctricas.
Esta decisión determina recortar la retribución a las redes de distribución y las subvenciones a las renovables. El objetivo de ello consiste en conseguir menos costes en la tarifa eléctrica.
Cualquier persona que haya leído este titular pensará en un golpe de autoridad ante los lobby energéticos a favor del contribuyente. No obstante, nada más lejos de la realidad.
El gobierno busca iniciar un proceso de lesividad, término que viene a designar que la declaración de lesividad de actos anulables (artículo 107 Ley 39/152) tiene como finalidad anular un acto administrativo (la Orden IET/980/2016).
Ésta es favorable para los interesados, pero perjudicial para el interés público y ciudadano.
En 2016, el Gobierno tomó la decisión de retribuir a las cinco grandes compañías sin deducir de esta ayuda los activos ya amortizados de su red. Asimismo, las pequeñas distribuidoras presentaron un recurso de reposición en contra de esta Orden.
La razón se encuentra en lo que dicta la Ley 1048/2013. Ésta dice que se deben deducir estos activos ya amortizados para el cálculo de la retribución. No existen otra opción que echar atrás su propia decisión totalmente errónea, que estaba costando al contribuyente una cantidad de dinero muy importante.
En definitiva, esta noticia ha provocado una caída de 2800 millones de euros en sólo una jornada tras su publicación. Así pues, hay que pensar en lo que puede llegar a provocar el error de cálculo del gobierno en el momento de establecer dicha retribución durante el periodo 2016-2019.