El pasado viernes 5 de octubre, el Gobierno de España decidió derogar el famoso “impuesto al sol” que dificultaba y desincentivaba el desarrollo de la energía solar fotovoltaica y el autoconsumo eléctrico. En la rueda de prensa que dio la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera se informó de que esta medida tiene por objetivo acabar con el retraso del país en el terreno de las energías renovables, pues “no resulta nada lógico que en un país rico en sol solamente existan 1.000 instalaciones frente al millón que existe en Alemania”.
Así pues, queda suprimido el cargo que se imponía al autoconsumidor por la energía que generaba y consumía en su propia instalación. Un giro en la política energética del Ejecutivo que enlaza perfectamente con el acuerdo al que ha llegado la Comisión Europea sobre la directiva de energías renovables, que establece que para el año 2030, al menos un tercio de la energía total consumida provenga de las instalaciones fotovoltaicas.
El “impuesto al sol” aprobado en el año 2015 por el Gobierno del PP, era un cargo que agravaba la factura de la luz de aquellos que la producían en sus hogares y la destinaban a su propio consumo. Lo que se pagaba era el hecho de estar conectado a una red eléctrica convencional para no quedarse sin energía en el caso de que las horas de sol fueran insuficientes. Siendo pagado por aquellos que generaran más de 10 kW, lo que equivale el consumo aproximado de una familia de cuatro miembros.
¿Qué ventajas traerá la eliminación del “impuesto al sol”?
El hecho de que los trámites para instalar placas solares sean ahora más sencillo hará que el plazo de un año se vea reducido a unas pocas semanas. Pero además, ya no será necesario que la instalación esté en el mismo edificio, sino que podrá estar en otros edificios cercanos.
Esto permitirá a los españoles acceder a opciones energéticas más baratas y más respetuosas con el medio ambiente y, al mismo tiempo, disfrutar de una mayor independencia energética. Reconociendo además el derecho al autoconsumo compartido de uno o varios consumidores, lo que permitirá aprovechar las economías de escala y autoconsumir energía eléctrica sin peajes ni cargos.
A día de hoy, una instalación para una familia de cuatro miembros cuesta alrededor de 5.000 euros y tiene una vida útil de unos 35 años. Una inversión que se amortiza a lo largo de este tiempo, ahorrando de media unos 100 euros al mes por hogar, según datos de la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica.
Pero no solamente saldrán beneficiadas las familias, sino que además, sectores como el agrario, podrán aprovechar la energía producida para el bombeo en los sistemas de riego. En la actualidad, Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura sumar la mitad de la energía fotovoltaica instalada como productores en España, lo cual no es extraño si pensamos que son las regiones como más horas de sol al año.